Desafíos para Chile ante la Inmigración

En los últimos diez años nuestro país ha experimentado una creciente ola migratoria, transformándose en un destino preferente de inmigración, entre otras razones, por la estabilidad económica y la permanente seguridad pública, todo ello en comparación con nuestros vecinos en Sudamérica.

Lo anterior se encuentra reafirmado por la incorporación de Chile como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el año 2010, siendo el primero de América del Sur en formar parte de dicha organización de coordinación internacional de carácter económico y social.

Así, según informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), producto del censo realizado en el año 2017, hay en Chile más de 746.465 personas nacidas en el extranjero (4,35% de la población total que vive en el país)  en donde el mayor porcentaje de ellos proviene de Perú, Colombia y Venezuela. A este número se deben agregar los extranjeros que regularizaron su situación en el proceso abierto por el actual gobierno.

Frente a este fenómeno migratorio cada vez más creciente, nuestro ordenamiento jurídico no ha podido responder adecuadamente a este proceso, estando vigente en la actualidad una normativa de antigua data y que no cumple con los tratados internacionales en esta materia ratificados por Chile ni a la propia Constitución de 1980.

Ante este escenario se hace imperiosa una reforma a la Ley de Extranjería (D.L. 1094 del año 1975), que fue dictada bajo un paradigma denominado de Seguridad Nacional, que respondía al contexto político y social que vivía nuestro país en dicha época. Además, al tener el carácter preconstitucional, le entregó amplias facultades a la administración en esta materia,  sin reconocer plenamente los derechos fundamentales que poseen todas las personas sin distinción de nacionalidad, en especial a su derecho al respeto al principio general de igualdad ante la ley y no discriminación.

Si bien los requisitos de ingreso a un país son de exclusiva competencia del Estado receptor, estos deben cumplir con los estándares mínimos establecidos en las convenciones internacionales sobre esta materia, debiendo ser razonables, proporcionales y objetivos, dejando a un lado aquellas causales entregadas al amplio margen de discrecionalidad del funcionario de extranjería, como el caso en que se prohíbe el ingreso al país de los extranjeros que no tienen o no pueden ejercer profesión u oficio o carecen de recursos que les permitan vivir en Chile sin constituir carga social. Las causales de impedimento de ingreso al país sólo deben fundarse en criterios principalmente de carácter sanitario o delictivo.

Además, esta nueva ley debe contemplar mecanismos jurídicos que permitan al extranjero reclamar ante la arbitrariedad administrativa, en base a un procedimiento expedito que garantice un debido proceso y no como el que actualmente existe que permite, por ejemplo, ante la dictación de un decreto de expulsión mantener al extranjero privado de libertad mientras se resuelve su reclamación ante la Corte Suprema, lo que atenta a las más mínimas garantías procesales.

Si se mantienen las actuales condiciones económicas, podemos pronosticar que este proceso de inmigración se mantendrá por muchos años más, esto debido a que la decisión de migrar no está basada en que si la legislación de un país es exigente o no en cuanto a los requisitos de ingreso, sino que es una decisión personal tomada en base a la necesidad de obtener mayores oportunidades de vida alejándose con ello de sus familias y de su propia cultura.

Finalmente, el establecimiento de normas rígidas que impidan sin fundamentos objetivos la entrada de extranjeros, sólo generará el ingreso irregular de inmigrantes, por ejemplo, utilizando documentos falsificados o ingresando por pasos no habilitados al efecto, lo que incluso podría fomentar la creación de verdaderas mafias dedicadas al tráfico ilícito de inmigrantes. Por lo que debemos estar preparados para este fenómeno social, estableciendo reglas claras, precisas y respetuosas de los derechos humanos y con ello lograr que esta inmigración se realice en forma ordenada y que genere un real aporte a nuestro país, a través de una nueva fuerza de trabajo y de talentos que nos permita dar un salto al pleno desarrollo.

Rodrigo López

Abogado, Magister en Derecho de la Empresa y Magister en Docencia Universitaria, Docente de la carrera de Derecho de la Universidad la República, sede Chillán.