Hacia una educación superior gratuita y de calidad

El 29 de mayo pasado se publicó la Ley N°21.091 sobre Educación Superior, que viene a reformar sustancialmente la legislación existente desde el siglo pasado en esta materia y que admite explícitamente los cambios que se han generado en nuestra sociedad, especialmente al reconocimiento expreso que la educación superior es un derecho, cuya provisión debe estar al alcance de todas las personas, de acuerdo a sus capacidades y méritos, sin discriminaciones arbitrarias, para que puedan desarrollar sus talentos (art. 1°).

Actualmente, nuestro sistema de educación superior está compuesto, según datos del Ministerio de Educación, por 61 universidades, que congregan 733 mil alumnos. De éstas, 46 están acreditadas, las que representan el 93,6% de la matrícula total universitaria del año 2017. De las universidades, 27 pertenecen al Consejo de Rectores (Cruch) y 34 son universidades privadas. Las primeras representan el 22,2% de la Matrícula de primer año de Pregrado año 2017, y las privadas el 24,2%. Junto al subsistema universitario, también existe un subsistema técnico profesional compuesto por 43 Institutos Profesionales (IP), sin considerar los que están en proceso de cierre, los que congregan a 377 mil alumnos. 17 de ellos están acreditados, los que representan el 85,0% de la Matrícula Total de IP para el año 2017 y por 48 Centros de Formación Técnica (CFT), sin considerar los que están en proceso de cierre, que congregan a 136 mil alumnos. De ellos, 16 están acreditados, los que representan el 88,5% de la Matrícula Total de CFT del año 2017.

Este nuevo marco regulatorio se basa en tres pilares fundamentales, el primero en relación a la creación de una nueva organización administrativa para la educación superior; en segundo lugar, el reforzamiento de un sistema de aseguramiento de la calidad de las instituciones públicas y privadas que forman parte del sistema y, en tercer lugar, el reconocimiento y regulación de la gratuidad de la educación superior.

Así la nueva institucionalidad establecida por la Ley, está conformada por la Subsecretaría de Educación Superior, órgano colaborador directo del Ministerio de Educación, que será la encargada de elaborar, coordinar, ejecutar y evaluar políticas y programas para su desarrollo, promoción, internacionalización y mejoramiento continuo. Además, se crea la Superintendencia de Educación Superior, que tendrá facultades para fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan a las instituciones de educación superior e instruir el procedimiento administrativo sancionatorio regulado en la Ley.

En segundo lugar, respecto al sistema nacional de aseguramiento de la calidad, se destaca la obligatoriedad de la acreditación institucional para las instituciones de educación superior autónomas y consistirá en la evaluación y verificación del cumplimiento de criterios y estándares de calidad, los que se referirán a recursos, procesos y resultados; así como el análisis de mecanismos internos para el aseguramiento de la calidad. Así las instituciones de educación superior deberán acreditarse en las dimensiones de docencia y resultados del proceso de formación; gestión estratégica y recursos institucionales; aseguramiento interno de la calidad y vinculación con el medio, adicionalmente, podrán acreditar la dimensión de investigación, creación y/o innovación.

Se establecen tres niveles de acreditación institucional (básica, avanzada y de excelencia) creando mecanismos que motivan el desarrollo progresivo de las instituciones, ya que exige subir al nivel de acreditación avanzada a las instituciones que cuenten con el nivel básico. En el caso que una institución de educación superior no pudiere acreditarse quedará sujeta a la supervisión del Consejo Nacional de Educación por un plazo máximo de 3 años, si al término de este plazo no obtuviere al menos la acreditación básica se podrá revocar el reconocimiento oficial y proceder al nombramiento de un administrador de cierre. Por otro lado, será obligatoria la acreditación de las carreras de Médico Cirujano, Cirujano Dentista, Profesor de Educación Básica, Profesor de Educación Media, Profesor de Educación Diferencial o Especial y Educador de Párvulos.

Finalmente, respecto al financiamiento institucional para la gratuidad, se regula las condiciones necesarias para su obtención, entre ellas, que la institución de educación superior cuente con una acreditación institucional avanzada o de excelencia. Las instituciones que cumplan con los requisitos deberán solicitar dicho financiamiento, que consistirá en un monto anual en dinero, que considerará la información del arancel regulado y los derechos básicos de matrícula, además deberá tener en consideración el volumen de estudiantes de cada institución.

En suma, frente a esta nueva normativa deberemos observar su aplicación y eventuales ajustes, pero sin duda significa un necesario avance para el desarrollo de la educación superior de nuestro país para los próximos años.

 

Rodrigo López

Abogado, Magister en Derecho de la Empresa y Magister en Docencia Universitaria, Docente de la carrera de Derecho de la Universidad la República, sede Chillán.